Tormenta legal azota ‘reino’ isleño
CATHERINE ELTON
Especial para ‘The Herald’
CAYOS PERLAS, Nicaragua- En casa, en Inglaterra, Jayne Gaskin soñó con el paraíso: arena blanca, agua turquesa y palmeras inclinadas con frondas flotando sobre una suave y salada brisa.
Así que ella se conectó a internet y comenzó a navegar hasta que encontró una página web para una compañía que le pertenece al residente de Miami, Peter Tsokos, implorando a compradores potenciales que sean dueños de sus “propios reinos en el mundo desarrollado de hoy.”
En esa página Gaskin descubrió los Cayos Perlas de Nicaragua. Ella compró una de estas pequeñas islitas por poco menos que un cuarto de millón de dólares.
Poco sospechó, sin embargo, que su recientemente encontrado paraíso estaba a punto de convertirse en una tormentosa diputa de propiedad: primero, con comunidades creoles e indígenas que dicen que los cayos son de ellos, y segundo, con el gobierno de Nicaragua, que insiste que las islas de ese país no pueden ser vendidas o compradas.
Ambos demandan que las cortes declaren nulos y vacíos los contratos por siete Cayos Perlas que Tsokos compró y luego vendió a Gaskin y a otros.
Tsokos sostiene que sus negocios son legales y que los reclamos sobre las tierras que ha comprado y vendido son por motivaciones económicas y políticas.
Pero María Luisa Acosta, una abogada trabajando por parte de las comunidades locales en un caso en contra de Tsokos, dice: “Ésta es una de los más perversos efectos de la globalización. Gente ve propiedades en la Internet en otro país donde no conocen el idioma, cultura o régimen legal detrás de lo que compran. Ellos piensan que parece paraíso, y tienen razón. El único problema es que las islas no les pertenecen al hombre que las vende.”
LA CARNADA
Con el clic de un ratón, cayos que indígenas han usado
y valorado en su estado natural durante siglos han atraído la atención
de inversionistas extranjeros interesados en desarrollar proyectos de turismo.
Este conflicto —que hierve en una de los últimos rincones vírgenes del Caribe– es emblemático de un problema que atraviesa a las Américas, en el cual presiones por desarrollar recursos naturales y promover inversión extranjera chocan de cabeza con una creciente conciencia sobre la necesidad de proteger los derechos y tierras de culturas indígenas.
La Laguna de Perlas, en la costa sur-este de Nicaragua es el hogar de alrededor de 17 comunidades indígenas y creoles negras. A unas millas hacia el mar están los Cayos Perlas.
Hasta donde alguien puede recordar, los pescadores de la Laguna de Perlas han tomado agua dulce de los cayos, cosechado cocos, cavado por huevos de tortugas en las arenas soleadas, y usado los cayos como lugares de descanso y refugio en jornadas extendidas de pesca.
Todo eso cambió hace un par de años cuando, las personas de la localidad dicen, que su acceso a algunos de los cayos más cercanos había sido restringido. Ellos averiguaron pronto que un griego nacionalizado como norteamericano, Peter Tsokos, había comprado siete de los cayos por —de acuerdo con investigaciones de la Dra. Acosta— un total de aproximadamente $20,000.00 de personas que tenían títulos antiguos de las islas.
Un ingeniero de 39 años, Tsokos ha vivido en los Estados Unidos por alrededor de nueve años —entre Texas y Miami— y ha sido un ciudadano por tres. Él también ha tenido residencia Nicaragüense por alrededor de siete años.
Después de comprar los cayos, Tsokos los puso en su página web y desde entonces las ha vendido a compradores estadounidenses, británicos y franceses entre otros, por un total estimado en más de un millón de dólares.
Los nuevos dueños de los cayos han levantado banderas de distintas naciones sobre las islas, han construido casas o facilidades turísticas y hasta cambiado los nombres de los cayos. Poco tiempo después, los cayos eran custodiados por policías armados cuyas órdenes eran mantener alejados a los intrusos.
Algunos de esos intrusos eran los pescadores indígenas y creoles negros de la localidad.
“La tierra es como nuestra madre, si la perdemos, no sobreviviremos,” dice Henry Archibald, un autoridad en una comunidad Miskita de la Laguna de Perlas. “Si perdemos esos cayos, perdemos l tradición de nuestro antepasados, que tenemos que proteger para nuestros hijos.”
Las compras y ventas subsecuentes de Tsokos están inscritas de manera debida en los registros locales de la propiedad. Él dice que no ha hecho nada malo.
“Existe bastante tierra indígena aquí, y yo no estoy en contra de ella, pero yo no tengo tierra indígena,” dice Tsokos. “La tierra que yo tengo viene con papeles y está registrada. Buscamos tierra que está registrada. Yo no tomo una propiedad si no pienso que los papeles son buenos. No vale mi tiempo.”
La legalidad de las ventas ha sido cuestionada en dos frentes. Acosta, quien ha investigado las ventas de los cayos, sostiene que hay un número de irregularidades en los títulos en los que Tsokos compró y vendió los cayos.
LA LUCHA POR TIERRA
La oficina del Procurador General de Nicaragua, que abrió procedimientos
legales en contra de Tsokos, dice que los títulos originales son
ilegales porque violan leyes que declaran a las islas de Nicaragua como
propiedad estatal inalienable.
Más allá del mérito de los títulos de propiedad, dice Acosta, la constitución y las leyes de Nicaragua, y precedentes en ley internacional, apoyan a los reclamos de pueblos indígenas sobre la tierra que han usado como parte de sus costumbres y tradiciones.
La oficina del Procurador General está de acuerdo. Lisandro D’León,
que está representando al estado de Nicaragua en contra de Tsokos,
dice que si el estado se gana de nuevo las islas, garantizaría a
los indios el uso permanente de los cayos.
“Vamos a ganar este caso, y no habrá compensación para
la gente que compró las islas,” dice D’León. “Hicieron un
mal negocio.”
El gobierno perdió el caso en una corte local pero ha apelado.
Gaskin la dueña de un cayo dice que si el gobierno gana el caso, mandaría un mensaje terrible a potenciales inversionistas extranjeros, que Nicaragua está profundamente interesada en atraer.
La situación crece en tensión. Hace sólo dos semanas, asaltantes entraron al hogar de Acosta y asesinaron a su esposo, pero robaron nada. El crimen está aún bajo investigación. Tsokos dice que su vida ha sido amenazada.
Muchos aquí temen que al menos que haya una solución rápida, la situación se puede salir de control.
“La gente de mi comunidad quiere ir allá y hacer algo malo, pero les sigo diciendo que si hacen eso, irán a la cárcel,” dice la autoridad Miskita Archibald, que añade, “No podré controlarlos por mucho más tiempo.”