Movimiento Indígena de Nicaragua (MIN)

    Centro de Asistencia  Legal a Pueblos Iíndígenas (CALPI)
 
 
 
 

DIAGNOSTICO DE LA LEGISLACION NACIONAL SOBRE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE NICARAGUA

      Y

Exposición de Motivos de la Presentación del Convenio169 como Anteproyecto de Ley Ante la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua.
 
 

 Abril del 2000
 

DIAGNOSTICO DE LA LEGISLACION NACIONAL SOBRE LOS PUEBLOS    INDIGENAS DE NICARAGUA
 

CONTENIDO

I. INTRODUCCION

II.  LAS NORMAS EN LA CONSTITUCION POLITICA DE NICARAGUA
      SOBRE PUEBLOS INDIGENAS

1.- La Reforma Constitucional de 1995
2.- El Artículo 181 de la Constitución

1.- Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos

2.- Instrumentos Internacionales sobre Medio Ambiente

3.- Instrumentos Nacionales para la Protección del  Medio Ambiente

1.- El Ordenamiento Jurídico para las Comunidades Indígenas del Pacífico, Norte y Centro del país

2.- El Régimen Espacial de las Comunidades Indígenas y Etnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua sobre sus Tierras Comunales

3.- El Régimen de Autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua

4.- La Ley General del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales

a) Los  Consejos Regionales Autónomos en la Ley  General del Medio Ambiente y  Recursos  Naturales

b) Los Pueblos Indígenas Ley General del Medio Ambiente y  Recursos Naturales

5- La Ley de Uso Oficial de las Lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua

6.- El Derecho Consuetudinario Indígena en las Leyes Vigentes

a) La Ley de Municipios y los Nombramientos de Autoridades Comunales

b) La Legislación de Familia y los Pueblos Indígenas

7.- Los Pueblos Indígenas en la  Reforma Agraria

8.- La Creación de Universidades en las Regiones Autónomas

VI. REGLAMIENTO

VII. JURISPRUDENCIA

VIII. ANTEPROYECTOS DE LEY ACTUALMENTE ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL

IX.  CONCLUSIONES

XI. ANEXOS

TEXTOS DE NORMAS EN LA CONSTITUCION POLITICA DE NICARAGUA, DECLARACIONES Y CONVENIOS INTERNACIONALES ADOPTADOS PORNICARAGUA Y DE NTES EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO NACIONAL SOBRE LOS PUEBLOS INDIGENAS:

1.- Textos de Normas Referentes a los Pueblos Indígenas en la Constitución Política de Nicaragua

2. Textos de Declaraciones y Convenios Internacionales Vigentes en Nicaragua para la Protección de los Pueblos Indígenas

3.- Textos de Normas Referentes a los Pueblos Indígenas en Diversas Leyes

4.- Textos Completos de Convenios Internacionales, Leyes, Decretos, Reglamentos Internos Vigentes en el Ordenamiento Jurídico Nacional para la Protección de los Pueblos Indígenas

a) Instrumentos Internacionales
b) Leyes
c) Decretos
d) Reglamentos Internos
e) Anteproyectos de Ley

CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

1.- Compatibilidad del Convenio169 con la Constitución y Otros Instrumentos Internacionales Ratificados por Nicaragua

2.- El Contenido del Convenio169

3.-  Exposición de Motivos

4.- Texto del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países  Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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I.  LAS NORMAS EN LA CONSTITUCION POLITICA DE NICARAGUA
     SOBRE PUEBLOS INDIGENAS

La Constitución Política de Nicaragua de 1987 y la Reforma Parcial a la Constitución Política de Nicaragua. Ley No.192 del 1 de Febrero de 1995.  Arts. 5, 8, 11, 49, 89, 90, 91, 99, 103, 107, 121, 180 y 181.

1.- Normas Internacionales sobre Derechos Humanos

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia  1948.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Nicaragua se adhiere el 12 de marzo de 1980.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas; Nicaragua se adhiere el 12 de marzo de 1980.

El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Nicaragua deposita el instrumento de adhesión el 15 de febrero de 1978.

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; Nicaragua se adhiere el 15 de febrero de 1978.

La Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos; ratificada por medio del Decreto Ley No.55 del 25 de septiembre de1979.

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y  Culturales; suscrito por el Gobierno de Nicaragua el 17 de noviembre de 1968 y firmado el 17 de noviembre de 1988.

La Resolución sobre la Declaración del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo.

El Proyecto de Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA.

 
 2.- Normas Internacionales Sobre Medio Ambiente

Resolución del Parlamento Europeo sobre el año 1992,  los Pueblos Indígenas y el Quinto Centenario. Luxemburgo 12 de marzo de 19992. Resolución No. 133-334/92.

Resolución sobre las Medidas Internacionales Necesarias para una Protección Efectiva de los Pueblos Indígenas. Parlamento Europeo. 9 de febrero de 19994.

Ratificación del Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD); Decreto Legislativo No. 61-92 publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 222 del 19 de noviembre de 1992.

El Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de las Areas Silvestres Prioritarias en América Central; ratificado por medio del Decreto No. 49-95 publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 198, del 23 de octubre de 1995.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica, ratificado por medio del Decreto No. 56-95 publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 245, del 29 de diciembre de 1995.

3. Instrumentos Nacionales para la Protección del  Medio Ambiente

La  Ley General del Medio  Ambiente y  los Recursos Naturales.

III.  LEYES VIGENTES EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO NACIONAL SOBRE LOS  PUEBLOS INDIGENAS DE NICARAGUA

Ley Legislativa de 16 de Febrero de 1906, derogada por la Ley de 3 de Junio de 1914 y declarada vigente por la Ley de 24 de Abril de 1918.

Ley de 3 de Junio de 1914 que derogaba la de 16 de Febrero de 1906 sobre venta de terrenos de Comunidades Indígenas, y reglamenta la administración de los bienes de dichas Comunidades.

Ley de 6 de Agosto de 1918 Sobre Estatuto de Comunidades Indígenas.

La Gaceta, Diario Oficial, Managua, 11 de Marzo de 1952 sobre Elecciones de las Juntas de Administración de los Bienes de las Comunidades Indígenas.

Ley No. 28 o Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 238 del 30 de octubre de 1987.

Ley 212 o Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 7 del 10 de enero de 1996.

Ley No.217 o Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 105 del 6 de junio de 1996.

Ley No.162 o Ley de Uso Oficial de las Lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 132 del 15 de julio de 1996.

Ley 218 o Ley para la Asignación del Presupuesto Universitario e Inclusión en de las Universidades BICU y URACCAN en la Ley de Autonomía de Educación Superior, publicada en El Nuevo Diario, del 5 de septiembre de 1996.

Publicación Oficial de los Derroteros Municipales de la República de Nicaragua. Anexo I de la Ley de División Político Administrativa Regiones Autónomas Atlántico Norte y Atlántico Sur. Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 183, del 27 de septiembre de 1996.

Ley  No. 185 o Código del Trabajo de la República de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 205, del 30 de octubre de 1996.

Ley No.230 o Ley de Reformas y Adiciones al Código Penal para Prevenir y Sancionar la Violencia Intrafamiliar, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 191, del 9 de octubre de 1996.

La Ley No.40 publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 155 del 17 de agosto de 1988. Y Ley 261 publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 162 del 20 de agosto de 1997.

Ley No. 278 o Ley de la Propiedad Reformada Urbana y Agraria, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 239 del 16 de diciembre de 1997.

Ley No. 88 o Ley de Protección a la Propiedad del 30 de marzo de 1990.

Ley No. 209 o Ley de Estabilidad de la Propiedad, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 233 del 12 de diciembre de 1995.

Ley No.287  o Código de la Niñez y la Adolescencia de la República de Nicaragua del 24 de marzo de 1998.

Ley 260 o Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de la República de Nicaragua y su reglamentación publicada en la Gaceta No. 104 del 2 de junio de 1999.

Ley No. 331 o Ley Electoral, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 16 del 24 de enero del 2000.

IV. DECRETOS

Aprobación del Proyecto de la Convención Interamericana Relativa a la Creación de un Instituto Indigenista Interamericano (Congreso Nacional) Gaceta No. 2 del 8 de enero de 1942.

Decreto No.448, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 142 de junio de 1980. Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.

Decreto No. 782,  del 19 de julio de 1981 o Ley de Reforma Agraria.

Decreto No.44-91 publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 208 del 5 de noviembre de 1991 y Decreto 32-96 de Reforma al Decreto No.44-91 que declara la Reserva Nacional de Recursos Naturales “BOSAWAS” publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 60 del  2 de Abril de 1997.

Decreto 53-94 creador del Comité Nacional del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas (CONADIPI), publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 237 del 19 de diciembre de 1994.

Decreto 18-95 Aprobación y Ratificación del Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 107 del 9 de junio de 1995.

Decreto No. 49-95, Ratificación del Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Areas Silvestres Prioritarias en  América Central, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 198 del 23 de octubre de 1995.

Decreto No. 56-95, Ratificación del Convenio Sobre Diversidad Biológica, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 245 del 29 de diciembre de 1995.

Decreto de Creación de la Comisión Nacional para la Demarcación de las Tierras de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica  publicado en la Gaceta, Diario Oficial, No. 169 del 6 de septiembre de 1996. Decreto 29-96 de Reforma al Decreto 16-96, Creador de la Comisión Nacional para la Demarcación de las Tierras de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica

Decreto No. 9-96, Reglamento de la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 163 del 29 de agosto de1996.

Decreto No. Reglamento de la Ley 260 O LOPJ, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No 104 del 2 de junio de1996.

Decreto No. 14-99, Reglamento de Areas Protegidas de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nos. 42 y 43 del 2 y 3 de marzo de 1999
 

V. REGLAMENTO

 Reglamento Interno del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur. Resolución No. 148-30-10-98.

VI.   JURISPRUDENCIA

La Sentencia No. 12 de las ocho y treinta minutos de la mañana del veintisiete de febrero de 1997 sobre la aplicación del artículo 181 de la Constitución Política de Nicaragua.

VII. ANTEPROYECTOS DE LEY ACTUALMENTE ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL

Anteproyecto de Ley para la Demarcación y Certificación de las Tierras y Territorios de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica. Julio de 1996.

Anteproyecto de Ley para Reglamentar el Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua. Octubre de 1998.

Anteproyecto de Ley Orgánica que Regula el Régimen de Propiedad Comunal de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica y BOSAWAS. Octubre de 1998.

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I. INTRODUCCIÓN

La legislación sobre los pueblos indígenas de la república de Nicaragua no es muy amplia. Sin embargo, en Nicaragua encontramos dos regímenes legales bien diferenciados; uno aplicable a las comunidades indígenas del Pacífica, Centro y Norte del país y el otro para las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua. Lo anterior tiene origen en dos desarrollos históricos diferentes de estos pueblos con relación el estado nacional. Mientras las comunidades indígenas del Pacífico, Centro y Norte del país sufrieron todo el proceso de conquista y colonización española y la posterior formación del estado nacional que conllevó la perdida de sus tierras y lenguas; las comunidades indígenas de la Costa Atlántica nunca fueron conquistadas por los españoles, eran un protectorado inglés y se gobernaron bajo un régimen de Autonomía Municipal hasta y la anexión de la Mosquitia al territorio nacional se produce hasta hace poco más de un siglo en 1894. Por lo que actualmente las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica están bajo un régimen especial establecido por la Constitución Política de Nicaragua promulgada en  1987, y por el Estatuto de Autonomía de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua, promulgado el mismo año, que reconocen esos hechos históricos particulares y le dan valor jurídico.

Este trabajo pretende Primero: explicar y mostrar la diferencia entre los dos regímenes legales bajo los cuales se encuentran los pueblos indígenas de Nicaragua. Segundo: compilar las normas constitucionales, instrumentos internacionales integrados a nuestro ordenamiento jurídico, leyes, decretos, reglamentos, jurisprudencia y anteproyectos de leyes actualmente ante la Asamblea Nacional y Tercero: explicar las tendencias legislativas actuales y proponer un anteproyecto de ley que promueva la disminución de la brecha entre los dos regímenes legales existentes en nuestro país para los pueblos indígenas.

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II.   LAS NORMAS EN LA CONSTITUCION POLITICA DE NICARAGUA
 SOBRE PUEBLOS INDIGENAS

En 1987, después de un conflicto bélico de varios años entre los pueblos indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua y el gobierno Sandinista,  Nicaragua suscribió un nuevo pacto social con los pueblos indígenas y étnicos de la Costa Atlántica de Nicaragua lo que se reflejó en el reconocimiento constitucional, por primera vez en la historia de Nicaragua, de la existencia de estas comunidades y de la multietnicidad  y pluriculturalidad  de la población nacional. Lo anterior generó la  creación de un Régimen de Autonomía para los habitantes la Costa Atlántica de Nicaragua. Este régimen quedó plasmado en el artículo 181 de la Constitución Política de Nicaragua y fue posteriormente desarrollado en el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, a raíz de una amplia consulta realizada con todos los sectores de la sociedad costeña y como un elemento importante en el proceso de pacificación de la zona en los años 80.

Además de crear el régimen de autonomía multiétnica y regional, la Constitución Política de Nicaragua reconoce una serie de derechos para los pueblos indígenas y comunidades étnicas que estos pueden ejercer independientemente del régimen de autonomía y de sus autoridades. Derechos colectivos e individuales derivados de su calidad de miembros de estos pueblos y comunidades, que en su mayoría ejercen de manera colectiva con los otros miembros de sus pueblos y cuyo respeto pueden exigir del resto de ciudadanos del país y del mismo estado. Estos son los derechos: a no ser discriminados,   a una cultura propia, a utilizar su lengua,  a mantener y desarrollar sus formas tradicionales de organización  y el derecho a sus tierras comunales tradicionales y a sus recursos naturales . Además de los derechos contemplador originalmente en la Constitución de 1987, la reforma constitucional de 1995, fortaleció los derechos otorgados a los pueblos indígenas de Nicaragua, sin hacer distinción entre el Atlántico y el resto del país.

1. - La Reforma Constitucional de 1995

La reforma de la Constitución Política de Nicaragua, realizada  en 1995, fortaleció los derechos de los pueblos indígenas ya establecidos en 1987 y por primera vez en la historia constitucional de Nicaragua una constitución reconoce de manera expresa la existencia de los pueblos indígenas en su territorio.  Y esta vez sin hacer diferencia entre el Pacífico, Centro, Norte y la Costa Atlántica de Nicaragua. Lo que constituye una fuerte base para la unificación del régimen legal de los pueblos indígenas de Nicaragua.

El régimen de autonomía también resultó fortalecido, ya que en la parte final del artículo 5 reformado, se reitera que para los pueblos indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua se establece un régimen de autonomía y el artículo 181 de manera explícita establece como ha de ser la ley que lo establezca, diciendo que esta deberá contener las atribuciones de sus órganos de gobierno, su relación con el Poder Ejecutivo y Legislativo y con los municipios.   Lo anterior sienta las bases para la  reforma del actual Estatuto de Autonomía, el que carece de normas en este sentido, lo que ha significado en gran parte la inoperancia del régimen autonómico en la práctica. Ya que en la versión original de este artículo en la Constitución de 1987 y en cuya base se creó el actual Estatuto,  solamente se decía que habría una ley que crearía el régimen de autonomía sin especificar como se regularían las relaciones de coordinación con los entes del gobierno central, municipal o el poder ejecutivo.

Otro aspecto muy importante establecido por la reforma en el artículo 181 es la obligación del Estado de contar con la aprobación de los Consejos Regionales autónomos al otorgar concesiones sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de las Regiones Autónomas,  este mandato del artículo 181 ha sido uno de los mandatos constitucionales que mas eco legislativo ha tenido a nivel nacional al haber sido reproducido por la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y al haber sido objeto de interpretación jurisprudencial por la Corte Suprema de Justicia de Nicaragu.

2. - El Artículo 181 de la Constitución

El artículo181 Cn. reviste particular importancia para el régimen de la autonomía regional, ya
que la necesidad de establecer la aprobación por parte de los Consejos Regionales para el otorgamiento de concesiones y de contratos de explotación racional de recursos naturales estatales ubicados en las Regiones Autónomas establece la oportunidad, de que las Regiones Autónomas tengan un papel activo en la toma de decisiones sobre la utilización y administración de los recursos naturales de la zona, en su aprovechamiento sostenible y en la participación económica generada por tal aprovechamiento.

También la Constitución Política de Nicaragua fortaleciendo la autonomía municipal  y para dar participación a las municipalidades establece en su artículo 177 que “en los contratos de explotación racional de los recursos naturales ubicados en el municipio respectivo, el Estado solicitará y tomará en cuenta la opinión de los gobiernos municipales  antes de autorizarlos” este principio constitucional fue desarrollado en la Ley de Municipios vigente la que en su artículo 64  estable que “como condición previa” para la aprobación por el Consejo Regional la emisión anterior de la opinión del Consejo Municipal.

La participación económica y decisoria de las Regiones Autónomas y de las Municipalidades es importante para el desarrollo de su autonomía regional; pero este mandato constitucional  es también importante para diferenciar claramente los derechos de estas entidades estatales de los derechos de las comunidades indígenas y étnicas como propietarios privados colectivos de sus tierras y recursos naturales. Ya que el Consejo Regional y la Municipalidad tienen una representación meramente política de los habitantes de sus jurisdicciones; pero no la representación legal necesarias para disponer de las tierras y recursos naturales pertenecientes a las comunidades indígenas y étnicas, o a cualquier otro propietario privado, cuyos bienes estén ubicados en la municipalidad o en la región.

Otro factor importante es el hecho de que la  norma del artículo 181, junto con las otras normas de protección a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades  étnicas establecidos en los artículos constitucionales antes mencionados, sitúan estos derechos en el rango constitucional. Lo que los convierte en derechos fundamentales protegidos por las garantías que protegen  las normas de la constitución, colocados en la cúspide jerárquica de las leyes, ya que las demás leyes están sometidas a la Constitución y por lo tanto las leyes, tratados, ordenes o disposiciones que se le opongan o traten de alterar su mandato, no tendrán aplicación alguna de conformidad con el Art.182 de la misma Constitución Política de Nicaragua.

En aras de proteger la supremacía constitucional, cualquier individuo miembro de las comunidades indígenas o estas a través de sus  representantes tradicionales comunales, podrá hacer uso de la acción de inconstitucionalidad ante la emisión de cualquier ley que viole estos preceptos constitucionales o ante cualquier acto, resolución,  acción u omisión de cualquier funcionario público, o sus agentes que viole, o trate de violar estos preceptos por medio del Recurso de Amparo Administrativo.

También el Art.181Cn. ha sido objeto de algún grado de desarrollo jurisprudencial al haber sido declarado con lugar un Recurso de Amparo Administrativo presentado ante la Corte Suprema de Justicia por medio de la Sentencia de las 8:30 minutos de la mañana del día 27 de febrero de 1997.  La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua  decidió el caso donde dos miembros del Consejo Regional Autónomo de la RAAN presentaron el Recurso de Amparo Administrativo por considerar que se había violado el artículo 181 de la Constitución Política de Nicaragua al haber otorgado el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) una  concesión a la empresa de capital coreano Sol del Caribe S.A. (SOLCARSA). La concesión fue otorgada por el Ministro del MARENA basándose  en un aval firmado por los miembros de la Junta Directiva del Consejo Regional Autónomo  y por el Coordinador Regional de la RAAN, sin que la aprobación de la concesión hubiera sido discutida y aprobada por el plenario del Consejo Regional.

Los recurrentes alegaron que sus derechos como miembros del Consejo Regional y los de sus representados habían sido violados por el Ministro del MARENA al pretender utilizar  el  aval como la aprobación establecida en el artículo 181 Cn.,  ya que la aprobación requerida solamente podía ser otorgada por el plenario del Consejo, después ser discutida y decidida en votación del plenario. Por lo que la Junta Directiva del Consejo y el Coordinador Regional no tenían competencia para emitir la aprobación ya que de hacerlo se estarían tomándo atribuciones que la ley le otorgaba al Consejo en pleno y no a ellos. La Corte acogió el argumento de los recurrentes declarando con lugar el Amparo y el 16 de febrero de 1998 el Ministro del MARENA, en un acto sin precedentes, dejó sin efecto el contrato de concesión previamente otorgado a SOLCARSA.

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III.  DECLARACIONES, CONVENIOS INTERNACIONALES Y NORMAS  VIGENTES  EN NICARAGUA  PARA LA  PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

Existe una estrecha relación entre los derechos humanos, los derechos de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras comunales tradicionales  y los derechos al medio ambiente. Por lo que los convenios internacionales suscritos por Nicaragua en materia de derechos humanos y al medio ambiente ofrecen un importante apoyo jurídico a los pueblos indígenas de Nicaragua para su subsistencia como pueblos. Además estos instrumentos internacionales tienen algún mecanismo de vigilancia sobre los Estado que los integran a sus ordenamientos jurídicos para que este cumpla con los compromisos establecidos en estos instrumentos, lo que genera garantías adicionales para exigir su observancia.

1.- Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos

Actualmente tanto la ONU como la OEA están preparando el Proyecto de Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas  y el Proyectos de Declaración Americana  sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, lo que evidencia la particularidad que revisten estos pueblos y la necesidad de que estos organismos internacionales les brinde su protección.

Los instrumentos internacionales más relevantes sobre la protección a los derechos humanos se encuentran incorporados en la Constitución Política de Nicaragua la que en su artículo 46 establece:

Art.46 Cn.- En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción, y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en a la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas; y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

El Pacto Internacional Sobre Derechos Civiles y Políticos, de rango constitucional en el ordenamiento jurídico nacional de conformidad a lo establecido en el artículo 46 de la Constitución Política de Nicaragua ha sido aplicado expresamente a los Miskitos y otros pueblos indígena de la Costa Atlántica de Nicaragua, en lo referente a lo que establece el articulo 27, que literalmente dice:

Art. 27.-En los Estados en que existen minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.

...una protección legal especial para el uso de su idioma, el ejercicio de su religión, y, en general, de aquellos aspectos vinculados a la preservación de su identidad cultural. A ello deben agregarse los aspectos vinculados con la organización productiva, lo cual incluye, entre otros, el problema de las tierras ancestrales y comunales.

Los Estados Miembros en la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptaron el decenio comprendido entre 1994 y 2004 como el Decenio de las Poblaciones Indígenas del Mundo. A raíz de esto los gobiernos expresan el compromiso de tomar acciones, en estrecha coordinación con los propios pueblos indígenas de sus países para mejorar sus condiciones de vida y desarrollo. En  Nicaragua esto originó la creación del Comité Nacional del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas (CANADIPI) por medio de un Decreto Presidencial para cumplir con esos objetivos.

El Banco Mundial adoptó en 1991 la Directriz Operacional  4.20 se refiere a la necesidad de que las operaciones de crédito y proyectos financiados por el Banco no solo beneficien a las comunidades indígenas, sino que no las afecten de forma adversa; y la Directriz Operacional 4.01 también del Banco Mundial se refiere a la necesidad de realizar estudios de impacto ambiental en las áreas donde las poblaciones indígenas pueden ser afectadas. Ambas Directrices Operacionales son dirigidas a los funcionarios del Banco y a los gobiernos prestatarios para asegurar la participación de las poblaciones indígenas en la toma de decisiones de los proyectos financiados por el Banco que impacten a estos pueblos.

De la misma manera el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su documento de 1990 titulado Estrategias y Procedimientos en Cuestiones Socio-Culturales,  plantea la protección a las comunidades indígenas en los proyectos y préstamos patrocinados por el BID y que puedan afectarlos.

El Parlamento Europeo, en 1992 y 1994, también adoptaron directrices y lineamientos para la cooperación técnica y financiera con los diferentes países, privilegiando la participación de los pueblos indígenas de los mismos.

Para asegurar  la observancia de los derechos humanos en Nicaragua la Asamblea Nacional creó en 1996  la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o Ley 212.   Sin embargo, el nombramiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, por parte de la Asamblea Nacional, fue realizada 3 años más tarde hasta en 1999; y aunque este tiene como una de sus atribuciones  nombrar al Procurador de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas este nombramiento no se ha producido. Según el artículo 18 de la Ley el nombramiento del Procurador de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas deberá hacerse “implementando métodos participativos para la postulación de la candidatura”, por lo que en la denominación de los candidatos podrán opinar  las organizaciones indígenas, las ONG que trabajan por los Derechos Humanos e Indígenas y la ciudadanía en general.

Las funciones mas relevantes del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos están las de difundir la Constitución y las leyes pertinentes a los pueblos indígenas; orientar e instruir a los miembros de los pueblos indígenas  en el conocimiento de sus derechos, obligaciones, libertades y garantías ante los agentes de la administración pública; fiscalizar, investigar y denunciar las actuaciones de los funcionarios públicos en materias de derechos humanos; solicitar la suspención y la destitución de las autoridades, funcionarios y empleados públicos que lesionen los derechos humanos sin perjuicio de iniciar las acciones de responsabilidad civil o penal.

2. Instrumentos Internacionales sobre Medio Ambiente

La República de Nicaragua reconoció internacionalmente la Agenda 21 en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro de 1992, como en la Cumbre de las Américas celebrada en Miami 1994 y la celebrada en Santiago de Chile en 1998, la importancia de la activa participación ciudadana; y se comprometió a encaminar esfuerzo para asegurar que los ciudadanos estén involucrados en el proceso de la toma de decisiones de forma democrática y participativa en del desarrollo mismo, y se comprometió también a fortalecer el papel de las poblaciones indígenas en este proceso. En estos instrumentos los estados involucrados, incluyendo Nicaragua, se han comprometido a alcanzar esos fines, ya que el desarrollo sostenible lo concibe la comunidad internacional íntimamente ligado al desarrollo humano, al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y a la preservación del medio ambiente.

La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en su principio 22 establece:

Principio 22.- Los pueblos indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberán reconocer y prestar el apoyo debido a su identidad, cultura e intereses y velar por que participarán efectivamente en el logro del desarrollo sostenible.

Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas....

Los Estados firmantes de este Convenio reafirman su derecho soberano de conservar y aprovechar sus propios recursos biológicos de acuerdo de acuerdo a sus propias políticas y reglamentaciones en función de:

 a.- Conservar y usar sosteniblemente; en función social; sus recursos biológicos; y

 b.- Asegurar que las actividades dentro de sus jurisdicciones o control, no causen daños a la diversidad biológica de sus Estados o áreas que limitan su jurisdicción nacional.

3. Instrumentos Nacionales para la Protección del  Medio Ambiente

La Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales creó la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales como rama especializada de la Procuraduría General de Justicia para representar al Estado y a la sociedad en la materia.  Y también establece la acción ciudadana por medio de la cual cualquier persona puede promover acciones administrativa, civiles y penales en contra de personas naturales o jurídicas que destruyan el medio ambiente.

Así mismo al ser el habitar en un ambiente saludable un derecho constitucional cualquier ciudadano que resulte perjudicado por la acción de cualquier funcionario público o sus agentes puede también interponer un Recurso de Amparo Administrativo por la violación a sus derechos.

La Constitución Política de Nicaragua establece el derecho de los nicaragüense a un ambiente saludable como un derecho constitucional en el artículo 60, el que literalmente dice:

Art. 60 Cn.- Los nicaragüenses tienen derecho a habitar en un ambiente saludable; es obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de los recursos naturales.

Art. 102 Cn.- Los recursos naturales son patrimonio nacional. La preservación del ambiente, desarrollo y explotación racional de los recursos naturales corresponde al Estado; este podrá celebrar contratos de explotación racional de estos recursos, cuando el interés nacional lo requiera.

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IV.  LEYES VIGENTES EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO NACIONAL SOBRE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE NICARAGUA

En Nicaragua actualmente coexisten dos regímenes legales; uno para las comunidades indígenas del Pacífica, Centro y Norte del país y el otro para las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua. “Desde la óptica jurídico-legal, según nuestro derecho civil, la comunidad indígena existe en tanto ‘comunidad de bienes’ tal como la define el Título XXXIII del Tomo I del Código Civil, bajo cuyas normas es que se resuelven todas las controversias civiles de la comunidad, y donde también se reconocen los usos como fuente para el mismo fin. Pero las comunidades indígenas del Pacífico, en cuanto formas de organización política, no tienen el reconocimiento de la Constitución Política vigente, ni de las anteriores en forma expresa”.  Sin embargo, para las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica existe un nuevo orden constitucional que crea un régimen especial establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía en 1987 y reforzado por la reforma constitucional de 1995. Así como por algunas leyes nacionales e instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

1.- El Ordenamiento Jurídico para las Comunidades Indígenas del Pacífico, Norte y Centro del país

La conquista y la colonia sometieron a los pueblos indígenas del Pacífico, Norte y Centro del país quedando para fines del siglo XIX un número muy reducido de comunidades indígenas propietarias de tierras en esta parte del país. Entonces las leyes integracionistas emitidas por el estado nacional fueron minando la supervivencia de estos pueblos hasta reducirlos en gran  manera y cuya subsistencia  ha sido posible debido a la propia persistencia indígena.

Estas leyes fueron emitidas a principios del siglo XX con la visión de que las comunidades indígenas eran dueñas de grandes extensiones de tierra y con el objeto de apoderarse de las mismas y convertir a los indígenas en campesinos, que una vez desposeídos de sus tierras se convertían en mano de obre barata y accesible.  Por lo que las leyes de la época se enfocaron en regular la propiedad de las tierras de las comunidades indígenas, crear Estatutos de las Comunidades Indígenas para crear y elegir las Juntas de administración de los bienes de las Comunidades. Estas leyes trataban a los miembros de las comunidades indígenas exclusivamente como comuneros, poseedores de tierras, y le negaron a la comunidad sus derechos culturales y políticos como asociaciones naturales que comparten, entre otros elementos, de vida comunitaria,  la tenencia  colectiva de la tierra, los lazos étnicos, sociales y la cosmovisión e identidad.

La injerencia estatal promovida por estas leyes en la organización de Juntas Comunitarias o Directivas minó la cohesión cultural y organizacional de las comunidades indígenas debido a la intervención estatal en la vida interna de la comunidad. Estas leyes continúan en vigencia y son parte del ordenamiento jurídico nacional.

En cambio el régimen especial de rango constitucional creado en 1987 para los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua tiene otras características entre las que encontramos el respeto a las costumbres y tradiciones dentro de las comunidades a elegir libremente a sus líderes.

2.- El Régimen Espacial de los Pueblos Indígenas y  Comunidades  Etnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua sobre sus Tierras

A diferencia del régimen de comunidades de bienes que sometieron las leyes asimilacionistas de principios del siglo XX a las tierras comunales de las comunidades indígenas del Pacífica, Norte y Centro de Nicaragua,  los derechos de propiedad sobre las tierras ancestrales e históricas de la comunidad étnica  y de lo pueblo indígena de la Costa Atlántica de Nicaragua no provienen en general  del otorgamiento estatal de un título real; sino que provienen del reconocimiento del usufructo ancestral e histórico que han ejercido estas comunidades sobre sus tierras comunales tradicionales,   derechos sui generis que reconoce a estos pueblos y comunidades étnicas la Constitución Política de Nicaragua en sus artículos 5, 89 y 180, y en la definición de tierras indígenas que hace  los artículo 11 y 36 del Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua.

El reconocimiento constitucional de la realidad multiétnica y de la diversidad cultural y lingüística del país tiene su base en las razones históricas, sociales y culturales de la existencia de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua. Existen claros antecedentes jurídicos como el Tratado Zeledón-Wyke (Tratado de Managua) de  1860 y el Tratado Harrisson-Altamirano de 1905, en los cuales se hace  expresa referencia a la presencia y al dominio que sobre la Mosquitia tenían los pueblos indígenas de la zona al momento de la incorporación de su territorio al estado nicaragüense en 1894. En el tratado Zeledón-Wyke encontramos que refiriéndose a la Mosquitia expresa: ”como parte integrante y bajo la soberanía de la República de Nicaragua, el país hasta aquí ocupado o reclamado por los indios mosquitos, dentro de la frontera de dicha República,  cualquiera que sea aquella frontera...” y que a los indios mosquitos “gozarán del derecho de gobernarse a si mismos y de sus propias costumbres y conforme a los reglamentos que puedan de vez en  cuando ser adoptados por ellos, no siendo incompatibles con los derechos soberanos de la república  de Nicaragua....”  También el Tratado Harrisson-Altamirano reconoce la presencia y los derechos de los indígenas sobre sus tierras cuando expresa: “En el caso de que algún indio mosquito o criollo pruebe que las tierras que tenía en conformidad con las disposiciones vigentes antes del año 1894, han sido denunciadas o  adjudicadas a otras personas, el Gobierno  indemnizará concediéndole terrenos baldíos de valor aproximado y cercanos en cuanto sea posible al lugar donde habite” y “El Gobierno permitirá a los indios vivir en sus aldeas, gozando de las concesiones otorgadas por la Convención, y  sus propias costumbres....se señalarán terrenos públicos de crianza para el uso de los habitantes, en vecindad de cada aldea india” Y en términos similares se expresa el Decreto de Reincorporación de la Mosquitia al territorio nacional, emitido el 20 de noviembre de1984.

La cultura de  los pueblos indígenas y étnicos de la Costa Atlántica de Nicaragua, está fuertemente vinculado a su territorio.  La dependencia de estos pueblos a su ambiente natural está fuertemente vinculado a su cultura y a la tierra. Estos pueblos están organizados de conformidad con sus costumbres y tradiciones históricas ancestrales. Los patrones de uso de la tierra  y la tenencia de manera colectiva de la misma constituye su propio sistema de  propiedad. Utilizan la tierra, el bosque y  los ríos para la agricultura de subsistencia, la recolección de frutos, raíces y tubérculos,  plantas medicinales, la caza y la pesca. Su organización política dentro de las comunidades la ejercen de conformidad con sus usos y tradiciones, lo que  constituye el derecho consuetudinario que los auto-gobierna. Además estos pueblos conservan sus propias lenguas.

Un factor fundamental considerado por la norma constitucional de 1987 es que estos pueblos y comunidades étnicas de lo que fue la Reserva Mosquitia en la Costa Atlántica de Nicaragua aún en la actualidad conservan la posesión de estas tierras, a diferencia de las comunidades indígenas del Norte, Centro y Pacífico de Nicaragua, las que en su mayoría ya fueron despojadas de sus tierras comunales.

Este marco histórico, social y cultural es la base del marco jurídico creado por los artículo 5, 89 y 180 Cn., junto con  los artículo 11 numerales 3, 4 y 6,  y 36 del Estatuto de  Autonomía establecen un régimen sui generis sobre las tierras comunales de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua como son los Miskitos, Ramas, Mayagnas (Sumos), Garífonas y Creoles.

El régimen  sui generis de las tierras indígenas de las Regiones Autónomas  de la Costa Atlántica de Nicaragua consiste en el reconocimiento constitucional de la existencia de  pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica y del derecho que estas tienen sobre sus tierras comunales tradicionales. El concepto de propiedad comunal es definido como las tierras, aguas y bosques, que han pertenecido tradicionalmente a estas comunidades. Además las tierras comunales están fuera del comercio al ser “inagenables; no pueden ser donadas, vendidas, embargadas ni gravadas, y son imprescriptibles”.

Al tenor de lo establecido por el régimen sui géneris en la Constitución y en el Estatuto la expedición de un título real para estos pueblos indígenas y comunidades étnicas, por parte del Estado, significaría la declaración oficial de un derecho preexistente de las comunidades étnicas e indígenas sobre sus tierras; y la demarcación de su tierra comunal significaría el reconocimiento oficial de la definición del área comunal que ancestralmente han poseído. Pero, ni lo uno ni lo otro, constituiría el otorgamiento de un derecho nuevo. Por lo que la carencia de título real sobre las tierras comunales no significa la ausencia de derechos de propiedad por parte de las comunidades indígenas y étnicas sobre las mismas.

El régimen sui generis creado por la Constitución Política de Nicaragua y por el Estatuto de Autonomía deroga tácitamente el artículo 614 del Código Civil, que establece que pertenecen al Estado las tierras que no están registradas a nombre  de otro dueño,  tierras conocidas como baldías o ejidales, ya que este precepto es inaplicable en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua. Por que estas normas constitucionales son de mayor jerarquía en comparación con las normas del Código Civil , debido a que este régimen sui generis es un régimen creado por la Constitución especialmente para las comunidades y pueblos indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua. El Estado queda sin asidero legal para entrar en competencia con las comunidades por la propiedad  de las tierras comunales ocupadas tradicionalmente por  las comunidades y pretender considerarlas tierras estatales. Al contrario, el Estado debe someterse a la ley y acatar en la práctica los derechos  reconocidos por la Constitución a estos pueblos sobre sus tierras comunales tradicionales.

3.- El Régimen de Autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua

Este régimen de autonomía regional y multiétnica está establecida en la Constitución Política de Nicaragua y desarrollada en el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua o Estatuto de Autonomía.

El Estatuto de Autonomía en sus artículos 10 y 11 enfatiza la igualdad de derechos de todos los nicaragüenses en las Regiones Autónomas y los derechos de los habitantes de las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua. Y prácticamente reitera los derechos establecidos por la Constitución a su lengua, religión, cultura, tierras y recursos naturales. Expresamente  establece el derecho de estos pueblos y comunidades a usar, gozar y disfrutar de las aguas, bosques y tierras comunales y de las formas comunales, colectivas o individuales de propiedad y transmisión de las mismas. Así mismo el derecho de estas comunidades a desarrollar libremente sus organizaciones sociales y productivas conforme a sus propios valores.

Primordialmente el Estatuto de Autonomía establece la creación de dos regiones autónomas,  la Región Autónoma Atlántico Norte  (RAAN) y la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS) como entes jurídicos territoriales, personas jurídicas de derecho público diferentes del Estado. El Estatuto establece además los límites de ambas regiones, los mismos que fueron luego precisados por la Ley de División Político Administrativa Regiones Autónomas Atlántico Norte y Atlántico Sur .

El Estatuto de Autonomía establece, en sus artículos 15 y 16, cuales son las autoridades y el régimen administrativo de ambas Regiones. Establece que al Consejo Regional y al Gobierno Regional como las máximas autoridades de las Regiones. El Consejo Regional está formado por 45 miembros más  los 2 y 3  Representantes ante la Asamblea Nacional de la RAAS y de la RAAN respectivamente. El Coordinador del Gobierno Regional es elegido entre los 45 miembros del Consejo Regional. Todos los concejales son elegidos por 4 años por medio del  voto directo y secreto de los habitantes de las Regiones Autónomas. La Ley electoral regula la materia y establece que en circunscripciones donde la mayorías étnicas son los miskitos, mayagnas o sumos, ramas, garífonas o creoles, el candidato que encabece la lista electoral debe pertenecer a cada una de las etnias mayoritarias de la respectiva circunscripción.   Esto para asegurar la representatividad étnica de cada zona en el  Consejo Regional Autónomo, el que es un ente político multiétnico compuesto por representantes de todas las etnias de cada una de las regiones. La Junta Directiva de cada Consejo tiene también que tener representatividad étnica de cada una de las etnias de la región, según el Estatuto.

Las Regiones Autónomas a través de sus órganos administrativos tiene amplias funciones, las que están estipuladas en el Art. 8 del Estatuto.  El Coordinador Regional ejerce las funciones ejecutivas de la región y el Consejo Regional  ejerce las funciones legislativas. Ambas competencia son verdaderamente amplias y están consignadas en los artículos 30 y 23 del Estatuto.  Sin embargo en la práctica, debido a limitaciones de tipo institucional y políticas  la actividad legislativa de los Consejos Regionales ha sido bastante limitada.  El Consejo Regional Autónomo de la RAAS emitió su Reglamento Interno, en octubre de 1998 por medio de la Resolución No. 148-3-10-98, sin embargo el Consejo Regional de la RAAN todavía no ha emitido el reglamento correspondiente.

El Estatuto de Autonomía establece que cada uno de los Consejos Regionales elaborarán en coordinación con el Ministerio de Estado correspondiente el proyecto de presupuesto de la Región; proveniente de los impuestos regionales de conformidad con el Plan de Arbitrio Regional y los fondos provenientes del Presupuesto General de la República y establece el Fondo Especial de Desarrollo y Promoción Social, proveniente de recursos internos, externos y extraordinarios. Sin embargo, en la práctica muy poco se ha adelantado en materia de fortalecimiento económico regional y la mayor parte de los ingresos de esta se destinan a gastos burocráticos y no a proyectos de desarrollo.

Los Consejos Regionales Autónomos tienen iniciativa de ley ante la Asamblea Nacional en materias propias de su competencia de conformidad con lo establecido en el artículo 140 numeral 3 Cn.  Pero para reformar el Estatuto de Autonomía el mismo Estatuto establece que las dos terceras partes de ambos Consejos Regionales deberán presentar conjuntamente la solicitud a la Asamblea Nacional. Y el artículo 181 Cn. establece que para la aprobación y reforma del Estatuto de Autonomía se requiere de la mayoría establecida para la reforma de las leyes constitucionales, o sea las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional.  Lo anterior hace aún más difícil la reforma de esta Ley.

El artículo 44 del Estatuto de Autonomía establece que el Estatuto sería posteriormente reglamentado, sin que esto impida que la ley entrara en vigencia, sin embargo, después de casi 13 años de haber entrado en vigencia el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua no ha sido reglamentado.

En 1998 una serie de ONGs de las Regiones Autónomas haciendo uso de la iniciativa ciudadana en la que con 5,000 firmas los ciudadanos pueden presentar iniciativas de ley ante la Asamblea Nacional, presentaron un anteproyecto de reglamentación del Estatuto acompañado de 12,000 firmas de ciudadanos, sin que la Asamblea Nacional lo haya reglamentado aún.

La falta de reglamentación del Estatuto de Autonomía y la falta de voluntad política del gobierno central ha generado que sea muy difícil establecerlas coordinaciones necesarias con las autoridades nacionales del Gobierno Central  como son los Ministerios de Estado que siguen actuando de manera unilateral con la mayoría de políticas estatales para la región. Las políticas se siguen creando en Managua igualmente para todo el país sin considerar las diferencias propias de las Regiones Autónomas.

A nivel municipal el Estatuto de Autonomía establece en su artículo17 que las municipalidades en las Regiones Autónomas  se rigen por el Estatuto de Autonomía y por la Ley de Municipios. La reforma de la Ley de Municipios realizada en 1997, por medio de la Ley 261, reitera ese mismo principio de que los municipios ubicados en las Regiones Autónomas se regirán por ambas leyes y además expresa que deberá establecerse entre los gobiernos municipales y regionales relaciones de ”coordinación, cooperación, mutua ayuda y respeto a cada una de las esferas de competencia”.  Además la Ley de Municipios también  reconoce los derechos de los pueblos indígenas en sus territorios a ser representadas por sus líderes tradicionales elegidos de conformidad con sus costumbres y tradiciones, así como a tener participación activa en la toma de decisiones que las afecten en la municipalidad.

 4.- La Ley General del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales

La Ley General del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales fue producto de una iniciativa ciudadana coordinada por el Movimiento Ambientalista Nicaragüense (MAN), concertada con el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y con diferentes instituciones estatales, esta ley tiene como uno de sus objetivos particulares: promover la explotación racional de los recursos naturales dentro de una Planificación Nacional con equidad y justicia social; para lo que establece que  tomará en cuenta los derechos y la diversidad cultural del país,  especialmente los derechos de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y Gobiernos Municipales.

La Ley también  crea el Fondo Nacional del Ambiente para desarrollar y financiar programas y proyectos de protección, conservación, restauración del ambiente y desarrollo sostenible. Cuyo  uso será definido en consulta con la Comisión Nacional del Ambiente. La Ley hace referencia expresa de que el  reglamento que emitirá el Poder Ejecutivo para manejar el Fondo respetará las disposiciones y leyes relacionadas con las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica.

a) Los Consejos Regiones Autónomos en la Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Además la norma establecida en el artículo 181 de la Constitución Política de Nicaragua ordenando que toda concesión o contrato de explotación racional de los recursos naturales otorgada por el Estado en las Regiones Autónomas deberá ser aprobada por los Consejos Regionales correspondientes se encuentra  reproducida en el artículo 4 numeral 7 de la Ley General del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales. Y esta misma Ley establece además la necesidad de coordinación entre las Regiones Autónomas y el Ministerio de Fomento,  Industria y Comercio (MIFIC) para garantizar el cumplimiento de las normas técnicas y regulaciones establecidas por el MARENA en la explotación racional de recursos naturales en las Regiones Autónomas.

También la Ley General del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales en establece que el sistema de permisos y Evaluación de Impacto Ambiental deberá ser administrado por el MARENA, en coordinación con la autoridad que administra o autoriza la actividad, obra o proyecto, y con  el Consejo Regional cuando las obras se tengan que ejecutar en las Regiones Autónomas.  Y mas aún establece que sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual, todo aquel que realice una investigación o trabajo sobre el ambiente y los Recursos Naturales entregará un ejemplar o copia de la investigación o estudio al MARENA y en el caso de estudios realizados en las Regiones Autónomas se remitirá copia del mismo al Consejo Regional Autónomo respectivo.
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Así mismo la Ley también establece que el MARENA en coordinación con los Consejos Regionales Autónomos  se encargará de realizar la normación del uso de los recursos naturales renovables y no renovables, el monitoreo, control de calidad y el uso adecuado de los mismos.  También esta Ley establece que la elaboración y ejecución de los planes de ordenamiento del territorio que son responsabilidad de las autoridades municipales, en el caso de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, será competencia de los Consejos Regionales Autónomos.

Para las áreas donde los suelos presenten niveles altos de degradación o amenaza de la misma, el Ministerio de Agropecuario y Forestal  en coordinación con el MARENA y con los Consejos Municipales y las Regiones Autónomas respectivas, podrán declarar área de conservación de suelos dentro de los límites definidos, estableciendo normas de manejo que tiendan a detener su deterioro y aseguren su recuperación y protección. Y también establece la competencia  compartida entre la Presidencia de la República, a propuesta del Ministro del MARENA, de los Consejos Regionales Autónomos de la Costa Atlántica y los Consejos Municipales respectivos, para  declarar zona de emergencia ambiental ante la ocurrencia de un desastre.

Todas esas funciones otorgadas por la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales para los Consejos Regionales son plenamente consistentes con lo establecido en los artículo 8 y 23 del Estatuto de Autonomía que establece que las Regiones Autónomas deberán participar efectivamente en la elaboración y ejecución de los planes y programas de desarrollo y en la promoción del racional aprovechamiento de sus recursos naturales debido a que de esta forma las Regiones Autónomas aseguran la administración y preservación de los recursos naturales de la Costa Atlántica de Nicaragua.  Sin embargo, en la práctica, la débil institucionalidad y la  limitada capacidad técnica de los Consejos Regionales ha reducida su función a sellar y firmar lo decidido por los Ministerios de Estados correspondientes.

b) Los Pueblos Indígenas en la Ley General del Medio Ambiente y  Recursos Naturales

La Ley General de Medio Ambiente y los recursos Naturales establece que el desarrollo económico y social del país se sujetará a  principios rectores tales como reconocer y prestar apoyo a los pueblos y comunidades indígenas, sin hacer distinción de que sean estas de las Regiones Autónomas, del Pacífico o del Centro del país, en sus actividades para la preservación del ambiente y uso sostenible de los recursos naturales.

Y la misma Ley en su artículo 55 establece que para el uso y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables establece que deben tomarse en cuenta, los planes y prioridades del país, municipios o Regiones Autónomas y comunidad indígena donde se encuentren los recursos y los beneficios de su aprovechamiento deberá asegurarse para las comunidades. La distinción que hace en este artículo de la Ley sobre las Municipalidades y as Regiones Autónomas y las comunidades es muy importante, ya que tanto las Municipalidades como las Regiones Autónomas son personas jurídicas de derecho público diferentes del las comunidades campesinas o indígenas que pueden estar aglutinadas las primeras en cooperativas y las segundas tienen su propio reconocimiento constitucional  como comunidades indígenas; por lo que  muchas veces los intereses de cada una de estas entidades pueden encontrarse en contraposición. Por eso es importante resaltar que la ley menciona a las comunidades como entes diferentes del Municipio o de las Regiones Autónomas, porque aunque estos últimos tienen una representación política de las comunidades, no tienen la representación legal necesaria para disponer de los bienes o recursos naturales de las comunidades.

La declaratoria de áreas protegidas en el territorio nacional se establecerá por medio de una ley que deberá  tomar en cuenta a las comunidades indígenas cuando el área protegida se establezca en tierras de dichas comunidades.  Y el Reglamente  de Areas Protegidas de Nicaragua, pretende incorporar a los habitantes de áreas protegidas como vigilantes de esas áreas, lo que significa el involucramiento directo de los pueblos indígenas de las mismas en los casos en que las áreas protegidas sean decretadas en territorios indígenas; y el mismo reglamento prohibe la titulación de tierras dentro de áreas protegidas, una vez declaradas como tales, aunque  establece una excepción en el caso de las tierras de las comunidades indígenas, a las que se respetará el derecho de propiedad sobre sus tierras.

La Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales establece como deber del Estado y de todos los habitantes velar por la conservación y aprovechamiento de la diversidad biológica y del patrimonio genético nacional, de acuerdo a los principios y normas consignados en la legislación nacional, en los Tratados y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua. Y en el caso de los pueblos indígenas y comunidades étnicas que aportan recursos genéticos, la Ley establece que el Estado garantizará que dicho uso se conceda conforme a condiciones determinadas en consulta con los pueblos indígenas.

Es de destacar la referencia que la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales establece en sus principios rectores a los pueblos indígenas de Nicaragua, sin hacer diferencia a si son del Atlántico o del Pacífico del País, de esta forma incluyéndolos por igual en la norma. Lo anterior es determinante ya que sabemos que los pueblos indígenas por su propia cosmovisión preservan el medio ambiente no importando donde estén ubicados.
 

Como desarrollo de los artículos 11, 121 y 180 de la Constitución Política de Nicaragua, se creó la Ley No. 162 o Ley de Uso de las Lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua; aprobada por la Asamblea Nacional el 22 de junio de 1993.

La ley aborda  áreas muy amplias  y es bastante ambiciosa en su contenido, aunque su aplicación aun no ha sido muy desarrollada. La Ley establece que además del Español las lenguas de las comunidades de la Costa Atlántica también serán de uso oficial y que los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica tienen derecho en su región a la educación intercultural en su lengua materna en los casos que lo establezca la Ley. Es entonces la Ley de Uso Oficial de las Lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua la que establece en que casos se da el uso oficial de las lenguas de las comunidades y la forma en que se establece la educación intercultural bilingüe.

El concepto de educación intercultural es muy interesante porque no se circunscribe al concepto del bilingüismo, o simplemente a la enseñanza del español a niños cuyas lenguas maternas son las de las comunidades indígenas y étnicas de la región; sino que integra a la educación el concepto de interculturalidad. Ya que la lengua es una expresión cultural, y la lengua y la cultura, están intimamente relacionados entre sí por lo que el hecho de que los niños sean educados en un ambiente bilingüe e intercultural reafirma su identidad y auto estima.

Las lenguas de las comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua son  el inglés Creol, Garífona, Miskito, Rama y el Sumo (Mayagna) que son las lenguas maternas de los  miembros de las comunidades y de amplio uso en la región. Pero la Ley también establece que las comunidades Miskitas y Mayagnas de los Departamentos de Jinotega y Nueva Segovia  También gozarán de los derechos establecidos en la misma.

La Ley establece que el Estado deberá proporcionar los recursos necesarios para el buen funcionamiento de los  programas especiales establecidos en la misma para que los miembros de las comunidades ejerzan su derecho a la educación intercultural bilingüe y al uso en asuntos oficiales de sus lenguas para combatir la discriminación en el uso de las mismas

También la Ley reitera la obligación de las Regiones Autónomas  establecidas en el Estatuto de Autonomía de promover, difundir, desarrollar y fomentar el estudio de estas lenguas. Y determina que la educación en las lenguas maternas de las comunidades de las Regiones Autónomas se harán desde los niveles pre-escolar, primaria, media en el ciclo básico y diversificado y en la educación de adultos y en las escuelas normales.  Y para los Consejos Regionales, en coordinación con las autoridades nacionales de educación, que deberán desarrollar los programas educativos bilingües interculturales, incluyendo la historia, geografía, recursos naturales, sistemas de valores y aspiraciones sociales, económicas y culturales particulares de la Región.

La Ley también establece que los mensajes y carteles de salud pública; transporte terrestre, acuático y aéreo; de seguridad en centros de trabajo; y sobre los recursos naturales, deberán ser escritos  en las lenguas de las comunidades de la Costa Atlántica. Y para comunicarse con miembros de estos pueblos el Estado deberá utilizar el servicio de traductores. Principalmente en los casos de las unidades de salud del Ministerio de Salud. Esto último es importante porque establece en el Estado la obligación de buscar los medios para comunicarse con los miembros de las comunidades étnicas e indígenas de la Costa Atlántica y no pone la carga en ellos para ejercer su derecho de comunicarse con el Estado y optar al uso de los servicios públicos. Con respecto al uso oficial de las lenguas en los medios de comunicación social la Ley establece que estos deberán incluir programas específicos que utilicen estas lenguas. Las Leyes y Decretos, así como cualquier otra documentación nacional; el Registro del Estado Civil de las Personas y de la Propiedad deberán también ser emitidas o inscritas en las lenguas de las comunidades de la Costa Atlántica.

Y en materia laboral la Ley establece que los convenios colectivos, contratos, preavisos y despidos, deberán ser traducidos en las lenguas de las comunidades de la Costa Atlántica. En este sentido el Código del Trabajo vigente en su artículo 5 también establece que en las relaciones laborales efectuadas en las Regiones Autónomas, Jinotega y Matagalpa,  tendrán también uso oficial las lenguas de las comunidades indígenas y étnicas. Y que el Ministerio del Trabajo publicará en las lenguas de las comunidades de la Costa Atlántica el Código del Trabajo y el Reglamento Interno del Trabajo.

El articulo 5 del Código del Trabajo representa un avance sin precedentes en nuestra legislación laboral, al reconocer la importancia que tiene la necesidad de que los pueblos indígenas tengan acceso al conocimiento de sus derechos laborales en su propia lengua; además, este articulo, reconoce la importancia que tienen no solo en las Regiones Autónomas, sino que también el los departamentos de Nueva Segovia y Jinotega, donde existe una numerosa población indígena que no goza de los derechos autonómicos que si tienen los pueblos indígenas que habitan dentro de las Regiones Autónomas. Sin embargo, la traducción del Código del Trabajo y el Reglamento Interno de Trabajo no han sido efectuado, a pesar de que el Código entró en vigencia el 30 de octubre de 1996.

6.- El Derecho Consuetudinario Indígena en la Constitución y en las Leyes Vigentes

Las normas constitucionales establecidas en los artículos 5, 89 y 180 de la Constitución  Política de Nicaragua reconocen el derecho de los pueblos indígenas de la Costa Atlántica a “preservar, desarrollar y tener sus propias formas de organización social, el derecho a la libre elección de sus autoridades  y administrar sus asuntos locales conforme a sus tradiciones” lo anterior forma parte del sistema consuetudinario, basado en sus costumbres y tradiciones, de los pueblos indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua para administrar sus asuntos internos o locales y sus normas de convivencia vinculantes dentro de sus comunidades.

El sistema consuetudinario de estos pueblos incluye, entre otros, las formas de tenencia colectiva de la tierra, la organización interna de el liderazgo tradicional comunal como son los Consejos de Ancianos, las Juntas Directivas Comunales, los Síndicos, los Jueces Comunales, etc. Quienes se encargan de preservar el equilibrio social comunal mediante el respeto a las costumbres y tradiciones del grupo social; de los asuntos referentes a la tenencia y administración de los recursos naturales y la tierra de la Comunidad;  la comisión de faltas entre los miembros de la Comunidad y agresiones provenientes de fuera del grupo social; son algunos de los asuntos de los que se encargan las autoridades comunales. Sin embargo, el derecho consuetudinario de las comunidades indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua no ha sido estudiado lo suficiente y existe mucho desconocimiento por parte del Estado al respecto.

A pesar de lo anterior, vemos como el derecho escrito nacional se ha venido interesando en dar un espacio al derecho consuetudinario indígena en leyes como: el Estatuto de Autonomía, la Ley de Municipios y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la Ley 230 para Prevenir y Sancionar la Violencia Intrafamiliar y el Código de la Niñez y la Adolescencia,.

El artículo 18 del Estatuto de Autonomía establece:

Art. 18. La Administración de Justicia en las Regiones Autónomas se regirán por regulaciones especiales que reflejarán las particularidades culturales propias de las Comunidades de la Costa Atlántica, de conformidad con la Constitución Política de Nicaragua.

Así mismo el reglamento de la LOPJ establece que para la elección de los jueces en las Regiones Autónomas, Jinotega y Nueva Segovia, será mérito preferente para el nombramiento de miembros del poder judicial que conozcan las lenguas de las comunidades indígena y étnicas de la costa Atlántica de Nicaragua.

De conformidad con lo estipulado en el Art. 19 de la Ley 162, la LOPJ establece que las actas, resoluciones y demás documentos redactados en las lenguas de las comunidades, que conste en expediente judicial, tendrán plena validez, sin necesidad de traducción al español;  lo anterior sin perjuicio de que el documento se traduzca si alguno de los intervinientes en el proceso no conozca la lengua o si en el caso del expediente, este debe ser remitido a un Juez o a un Tribunal fuera de las Regiones Autónomas.

a) La Ley de Municipios y los Nombramientos de las Autoridades Comunales

La elección de los líderes comunales como miembros de una Junta Directiva, Consejo de Ancianos, Síndico, Jueces Comunales, o la de cualquier otro líder tradicional en las comunidades indígenas y étnicas  de la Costa Atlántica de Nicaragua, no obedece a alguna norma del derecho escrito, legislado o codificado, sino a su propio derecho consuetudinario derivado de los usos y costumbres tradicionales reconocidas en nuestra Constitución, Art. 5, 89 y 180, como un derecho fundamental de estos pueblos constitucionalmente tutelado. En las comunidades indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua los miembros mayores de edad de la comunidad se constituyen en asamblea y por consenso nombran y destituyen sus autoridades comunales, las que en su mayoría no son elegidas por términos preestablecidos, sino que por períodos indefinidos dependiendo de las circunstancias y necesidades de la comunidad. En general las comunidades no levantan actas sino que el compromiso mutuo del elegido y de los electores constituye la validez y la seguridad del respeto a la elección realizada.

Así mismo, desarrollando los artículos constitucionales antes mencionados, las leyes 40 y 261, o Ley de Municipios y sus reformas, en sus Art. 67 a 69 establecen que: “Los Municipios reconocerán la existencia de las comunidades indígenas ubicadas en sus territorios, legalmente constituidas o en estado de hecho...Así mismo respetarán sus autoridades formales y tradicionales...Son autoridades tradicionales en las comunidades indígenas, aquellas que se rigen por la tradición y la costumbre...cuya elección o nombramiento no tiene previsto un reglamento oficial”.

La Ley de Municipios clasifica a las autoridades comunales como de hecho o legalmente constituidas de conformidad con las leyes de1914 y 1918. Es importante señalar que las leyes de 1914 y1918 no son aplicables a las comunidades indígenas de la Costa Atlántica. Por que el reconocimiento que hace la Constitución de 1987 del derecho que tienen las comunidades indígenas de la Costa Atlántico a elegir sus autoridades no depende  de la ley escrita y reglamentada, sino de sus costumbres y tradiciones, las autoridades que este artículo denomina como “de hecho” son las autoridades comunales elegidas de conformidad con las costumbres y tradiciones de las mismas comunidades.  Por lo que la representatividad de los líderes tradicionales de las comunidades étnicas e indígenas no depende de las formalidades establecidas en el derecho escrito sino que depende de las elecciones o nombramientos realizados por consenso en el mismo seno comunal, de conformidad con sus costumbres y tradiciones históricas, lo que en sí es un derecho constitucional de las comunidades y sus miembros. Los líderes electos por sus comunidades tienen la potestad constitucional de representar a sus comunidades de conformidad con sus “costumbres y tradiciones” como desarrollo constitucional de la norma que les otorga a estas comunidades la potestad de “dotarse de sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales conforme a sus tradiciones (Art. 5, 89 y 180 Cn.)

La Ley de Municipios  reconoce de esta forma  a las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas denominándolas “de hecho” y crea una verdadera opción para las elecciones de autoridades sin reglamento previsto en la Ley; al regirse estas por las tradiciones y costumbres de las mismas comunidades. Lo anterior es muy importante para las comunidades ya que desafortunadamente la intervención de las autoridades municipales en los procesos de elección de las mismas se ha prestado para que estas ejerzan manipulación política partidaria; ya que muchas veces las autoridades municipales tratan de influenciar directamente en las elecciones comunales, y niegan, u otorgan, las certificaciones a su antojo a los líderes afines a su partido o ideología, violando el derecho de los miembros de la comunidad a elegir libremente a sus autoridades.

b) La Legislación de Familia y los Pueblos Indígenas

El Código Niñez y Adolescencia de la República de Nicaragua en sus artículo 8 y 9 hace una interesante mención de los derechos de los adolescentes, niños y niñas pertenecientes a las comunidades indígenas y étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua al establecer que el Estado deberá garantizar los derechos a tener su propia vida cultural, educativa, religiosa e idioma, todos derechos colectivos de los miembros de  estas  comunidades.  Lo que deberá en redundar del principio primordial de favorecer el interés superior del niño, niña y adolescente. Esta distinción es importante porque en los procesos de adopción, por ejemplo, se tendrá en cuenta que los niños dados en adopción permanezcan con personas de su misma cultura preferiblemente o en los casos en que el adolescente sea enviado a un lugar de rehabilitación se le tome en cuenta  su cultura, religión e idioma, o la permanencia del mismo en su área geográfica.
La Ley 230 o Ley de Reforma y Adiciones al Código Penal para Prevenir y Sancionar la Violencia Intrafamiliar  en su artículo 2 numeral 10 establece que en el caso de las comunidades de la Costa Atlántica las medidas de seguridad serán aplicadas por el Juez Comunal de acuerdo a los procedimientos tradicionales de las leyes vigentes.  Este artículo parece crear una  contradicción porque una cosa es el procedimiento tradicional comunal y otras son las leyes vigentes, esto no necesariamente significa que ambos sean incompatibles pero tampoco que sean la misma cosa, como lo hace aparecer a primera vista el artículo; a menos que la norma solamente se refiera a que el Juez Comunal aplicará la ley escrita, pero esto desvirtuaría la función y naturaleza del Juez Comunal, ya que estos aplican las normas consuetudinarias de los pueblos indígenas y no las leyes nacionales; habrá que ver que aplicación tiene en la práctica esta norma.

Es interesante que el ordenamiento jurídico nacional se interese en el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, pero esto debe hacerse respetando los principios fundamentales del derecho consuetudinario y respetando también que el derecho a sus costumbres y tradiciones en esta materia es un derecho constitucional de los pueblos indígenas según el mismo ordenamiento constitucional nacional y de conformidad con normas  internacionales vigentes.
 

El artículo107 de la Constitución Política de Nicaragua establece:

la reforma agraria eliminará cualquier forma de explotación a los campesinos, a las comunidades indígenas del país y promoverá las formas de propiedad compatibles con los objetivos económicos y sociales de la nación establecidos en esta Constitución. El régimen de propiedad de las tierras de las comunidades indígenas se regulará de acuerdo a la ley de la materia.

El Estado podrá disponer de la cantidad de tierras necesarias para que las comunidades Miskitas, Sumos y Ramas puedan trabajar individual y colectivamente para que se beneficien de sus recursos naturales, con el objetivo de que sus pobladores puedan mejorar su nivel de vida y contribuir al desarrollo social y económico de la nación nicaragüense.

Sin embargo, este artículo no ha sido reglamentado y el Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA) transformado en 1998 en la Oficina de Titulación Rural (OTR)  encargada de titular a los beneficiados por la Reforma Agraria, no ha utilizado el artículo 30 en beneficio de los pueblos indígenas a los que fue dirigido, ya que la ley de Reforma Agraria ha titula en Nicaragua tierras a campesinos casi exclusivamente. Y es que los criterios utilizados por los funcionarios del INRA han sido los de titular parcelas de hasta 50 manzanas de tierra por familia, lo que es incompatible no solo con la vocación forestal de la mayoría de las tierras de la Costa Atlántica, sino que también, con el uso colectivo de las tierras que ejercen las comunidades indígenas sobre sus territorios y  bosques. Porque mientras una familia campesina en el Pacífico siembra su parcela de 50 manzanas, de tierra de vocación agraria, y con el producto de la misma puede vivir; en el Atlántico las tierras de vocación forestal no producen granos más allá de 3 a 5 años y las comunidades indígenas no poseen la tierra de forma individual sino de forma colectiva. Además  los miembros de la comunidad cazan, pescan y conviven con el bosque de donde derivan no solo su sustento, pero con el que también se identifican de manera espiritual. La cosmovisión indígena exige para la sobrevivencia de estos pueblos un concepto más amplio de territorio.

Así mismo los artículos 99 y 103 de la Constitución también establecen que el Estado es el responsable de promover el desarrollo integral del país y proteger, fomentar y promover la propiedad comunitaria y la coexistencia democrática de las formas de propiedad pública, privada, cooperativa y comunitaria, porque todas forman parte de la economía nacional.  En desarrollo del artículo 103 Cn. el artículo 37 de la Ley de Protección a la Propiedad Agraria o Ley No. 88, establece que “el Estado garantiza plenamente los derechos adquiridos sobre la propiedad de la tierra al campesinado, productores individuales, cooperativas, comunidades indígenas y de la Costa Atlántica”. La protección a la propiedad comunitaria establecida en la Constitución es muy importante porque pone al mismo nivel todo tipo de propiedad, pública y privada, individual y colectiva, ante el desarrollo de la nación a la propiedad comunitaria; principalmente si tomamos en cuenta que la propiedad comunitaria es sui generis porque es privada y colectiva reconocida en la Constitución en los Art. 5, 89 y180, por medio del usufructo ancestral e histórico que estos pueblos indígenas han ejercido tradicionalmente sobre ella; por lo que no se rige por las normas creadas por el Código Civil aplicables a la propiedad privada individual pertenecientes a individuos o particulares.

En los años 80 muchas comunidades  indígenas del Pacífico, Norte y Centro de Nicaragua fueron afectadas por la Ley de Reforma Agraria que emitió títulos sobre tierras indígenas por lo que la Ley de la Propiedad Reformada y Agraria o Ley 278, en su artículo 103, establece que las personas naturales o jurídicas que obtuvieron Títulos de Reforma Agraria sobre terrenos rurales ubicados en terrenos de comunidades indígenas, deberán pagar un canon de arrendamiento a las comunidades, de conformidad con un reglamento que sobre la materia se emitirá. En casi los mismos términos el artículo 1 de la Ley de Estabilidad de la Propiedad o Ley No.209, se refiere al mismo tema pero además establece que el pago de esos cánones de arrendamiento se hará de forma perpetua a favor de las comunidades.

 8.- La Creación de Universidades en las Regiones Autónomas

La Ley 218 o Ley para la Asignación del Presupuesto Universitario e Inclusión en de las Universidades Bluefields Indian & Caribbena University (BICU) y Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) en la Ley de Autonomía de Educación Superior, emitida en septiembre de 1996, significó un salto cualitativo en el desarrollo de las Regiones Autónomas permitiendo el funcionamiento de estas dos universidades. Estas universidades regionales tienen extenciones y programas no solamente en Bluefields y Bilwi, sino que en Siuna, la Desembocadura, el Rama, y Nueva Guinéa.

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V.  DECRETOS

1.- Aprobación del Proyecto de la Convención Interamericana Relativa a la Creación de un Instituto Indigenista Interamericano (Congreso Nacional) Gaceta No. 2 del 8 de enero de 1942. En noviembre de 1993 se celebró en Managua el XI Congreso Indigenista Interamericano, el que contó con Delegados Oficiales de 16 países y líderes indígenas de América y fue presidido por el Lic. Brooklyn Rivera B.

2.-Decreto No. 448, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 142 de junio de 1980. Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Los Estados parte se comprometen a proteger su patrimonio cultural y natural por medio de los programas de planificación general, instituir servicios de protección de su patrimonio, desarrollar estudios científicos y técnicos y adoptar medidas jurídicas, científicas, administrativas y financieras.

3.-Decreto No.44-91 publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 208 del 5 de Noviembre de 1991 y Decreto 32-96 de Reforma al Decreto No.44-91 que declara la Reserva Nacional de Recursos Naturales “BOSAWAS” publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 60del  2 de Abril de 1997. En la Reserva Nacional de Recursos Naturales “BOSAWAS” y en su área de amortiguamiento se encuentran  los territorios: Mayagna Sauni As, Mayagna Sauni Bu, Kipla Sait Tasbaika y Miskito Indian Tasabika Kum, territorios tradicionales de los pueblos Mayagnas y Miskitos. La Reserva fue creada legalmente en 1991 buscando la preservación de los bosques húmedos  tropicales, la diversidad biológica que encierra BOSAWAS y tratando de evitar el avance de la frontera agrícola. Posteriormente fue declarada “Reserva de la Biosfera” por la Comisión de las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
La creación de la Reserva en territorios indígenas constituye una limitante al derecho de propiedad sobre estas tierras tradicionales indígenas, ya que la administración de la reserva está bajo la dirección de la Comisión Técnica BOSAWAS, una comisión conjunta entre el gobierno y las autoridades indígenas de los territorios de la Reserva, y  cuya instancia ejecutiva y de representación es la Secretaría  Técnica BOSAWAS (SETAB), bajo la responsabilidad del Ministro del MARENA. Y a pesar de que los  pueblos indígenas Mayagna y Miskito ya han delimitado y acordado entre ellos y con amplia asistencia técnica los límites de sus territorios, estos continúan solicitando al Estado la titulación de sus territorios sin que el Estado les haya dado respuesta alguna. A pesar de que la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra en los territorios indígenas es uno de los elementos más importantes para la conservación de los recursos naturales de la Reserva.

4.- Decreto No. 782,  del 19 de julio de 1981 o Ley de Reforma Agraria. Por media del cual se regula la propiedad agraria durante la Revolución Popular Sandinista de los años 80 en Nicaragua.

5.- Decreto 53-94 creador del Comité Nacional del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas (CONADIPI), publicado en la Gaceta, Diario Oficial, No. 237 del 19 de diciembre de 1994, adscrito a la Presidencia de la República como un  organismo encargado de promover programas y proyectos para los pueblos y comunidades indígenas de Nicaragua. Determina su régimen, composición, sede, régimen de cesiones, atribuciones, forma de toma de resoluciones y resto de funciones administrativas.

6.- Decreto 18-95 Aprobación y Ratificación del Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, publicado en la Gaceta, Diario Oficial, No. 107 del 9 de junio de 1995. Aprueba y ratifica el Convenio suscrito en Madrid, España, el 24 de julio de 1992, durante la celebración de la II Cumbre Iberoamericana. Establece que se expedirá el instrumento de ratificación correspondiente para depositarse ante la Secretaría General de las Naciones Unidas.
 
 

7.- Decreto No. 49-95, Ratificación del Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Areas Silvestres Prioritarias en  América Central, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 198 del 23 de octubre de 1995. Ratifica el Convenio suscrito en Managua, el 5 de junio de 1995, durante la XII Cumbre de Jefes de Estado del Istmo Centroamericano .

8.- Decreto No. 56-95, Ratificación del Convenio Sobre Diversidad Biológica, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 245 del 29 de diciembre de 1995. Ratifica el Convenio suscrito por la Presidenta de la República el 13 de junio de 1992 en Río de Janeiro Brasil, durante la Cumbre de Jefes de Estado.

9.- Decreto de Creación de la Comisión Nacional para la Demarcación de las Tierras de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica  publicado en la Gaceta, Diario Oficial, No. 169 del 6 de septiembre de 1996. La Comisión Nacional para la Demarcación de las Tierras de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica fue creada para establecer una instancia administrativa que creara los criterios para ser utilizados en la demarcación de las tierras que tradicionalmente han utilizado las comunidades étnicas y los pueblos indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua. Decreto 29-96 de reforma al Decreto 16-96, Creador de la Comisión Nacional para la Demarcación de las Tierras de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica; este Decreto amplía la conformación de los miembros de la Comisión y establece que la presidirá el mismo Presidente de la República o quien él delegue en su nombre y no el Ministro del MARENA como en su versión original. A pesar de su conformación, de conformidad con el Decreto, la Comisión se reunió muy pocas veces y desde julio de1997 no se ha vuelto a reunir. Y el Anteproyecto de Ley Orgánica que Regula el Régimen de Propiedad Comunal de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica y BOSAWAS. Presentada por el Sr. Presidente de la República Dr. Arnoldo Alemán, el 13 de octubre de 1998 contempla la derogación de este Decreto y su reforma.

10.-Decreto No. 9-96, Reglamento de la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 163 del 29 de agosto de1996.

11.- Decreto No. 14-99, Reglamento de Areas Protegidas de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nos. 42 y 43 del 2 y 3 de marzo de 1999.

12.- Decreto No. 63-99, Reglamento de la Ley 260 o Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No 104 del 2 de junio de1999.

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VI. REGLAMENTO

Reglamento Interno del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur. Resolución No. 148-30-10-98. Este Reglamento Interno establece las regulaciones internas para la organización, funcionamiento y atribuciones de los órganos del Consejo Regional Autónomo Atlántico Sur y los miembros que lo integran.

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VII.   JURISPRUDENCIA

La Sentencia No. 12 de las ocho y treinta minutos de la mañana del veintisiete de febrero de 1997 sobre la aplicación del artículo 181 de la Constitución Política de Nicaragua que estable que las concesiones y los contratos de explotación racional de los recursos naturales que otorga el estado en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica deberán contar con la aprobación del Consejo Regional Autónomo correspondiente. La jurisprudencia reciente de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declarando nula una concesión maderera otorgada por el Ministerodel MARENA a favor de la empresa de capital coreano Sol del Caribe S.A. (SOLCARSA) por no haber contado este con una aprobación del Consejo Regional de la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN) en pleno. Sino que el Ministro contaba solamente con un aval emitido por de la Junta Directiva del Consejo y por el Coordinador Regional.

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VIII. ANTEPROYECTOS DE LEY ACTUALMENTE ANTE LA ASAMBLEA     NACIONAL

1.- Anteproyecto de Ley para la Demarcación y Certificación de las Tierras y Territorios de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica presentada por el Representante a la Asamblea Nacional por la RAAS, Dr. Alvin Guthrie Rivers y promovida por el entonces Ministro del Instituto Nicaragüense para el Desarrollo las Regiones Autónomas (INDERA) Lic. Brooklyn Rivera,  en Julio de 1996.  Desde 1996 se encuentra en las Comisiones de Gobernación y Asuntos Étnicos de la  Asamblea Nacional este anteproyecto de Ley sin que se le haya dado el trámite correspondiente para convertirlo en ley de la República.

2.- Anteproyecto de Ley para Reglamentar el Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua. Fue presentado en octubre de 1998 a la Asamblea Nacional por medio de una iniciativa ciudadana coordinada por el Centro de Derechos Humanos, Ciudadanos y Autonómicos (CEDEHCA) con 12,000 firmas, aunque la ley de iniciativas ciudadanas solo requiere para la presentación de un anteproyecto de ley 5,000 firmas. A pesar de que Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua fue emitido en 1987 el Estado no lo ha reglamentado y esta iniciativa ciudadana para introducir un anteproyecto de reglamentación se realizó hace más de un año sin que se haya discutido en el plenario de la Asamblea Nacional.

3.- Anteproyecto de Ley Orgánica que Regula el Régimen de Propiedad Comunal de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica y BOSAWAS. Presentada por el Sr. Presidente de la República Dr. Arnoldo Alemán, el 13 de octubre de 1998. Este anteproyecto fue presentado a la Asamblea Nacional como consecuencia de un compromiso con el Banco Mundial para que este ultimo financie los proyectos conexos con el Corredor Biológico del Atlántico en Nicaragua.  El mencionado proyecto fue elaborado sin el consenso o la participación de los representantes de los pueblos indígenas por lo que esta siendo severamente cuestionados por los indígenas. Y una de las razones más fuertes de las críticas en contra del proyecto es que la parte toral del mismo se remite a una  posterior reglamentación; por lo que debido a la experiencia que se ha tenido en Nicaragua con la falta de reglamentación del Estatuto de Autonomía, que posteriormente se realice tal reglamentación,  no inspira confianza a los pueblos indígenas.

La ley de demarcación es el instrumento legal necesario para llenar el vacío legal del ordenamiento jurídico nicaragüense con respecto de iniciar la titulación de las tierras indígenas, que por falta de este instrumento legal y de voluntad política no se ha realizado. Por lo que las organizaciones y pueblos indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua han preparado una versión propia concensuada con las comunidades indígenas denominada Propuesta Indígena para ser presentada a la Asamblea Nacional. Y actualmente ambas versiones de la ley de demarcación, la gubernamental y la indígena, están siendo sometida a una amplia consulta entre los pueblos indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua con apoyo del proyecto promovido por el Banco Mundial del Corredor Biológico del Atlántico.

Debido a la histórica exclusión de los pueblos indignas, por parte de los diferentes gobiernos para decidir el futuro de sus tierras y recursos naturales, reiterada en la falta de participación indígena en la elaboración del anteproyecto de ley presentado por el Ejecutivo en octubre de 1998, esto creó entre los pueblos indígenas muchas reservas y desconfianza.  Lo que aunado a que existe otro anteproyecto de ley referente a la demarcación y certificación de tierras indígenas desde 1996 en la Asamblea Nacional,  la introducción de un anteproyecto de ley de demarcación de tierras indígenas por parte del Ejecutivo nacional no asegura necesariamente que este se llegue a convertirse en Ley de la República. Sin embargo el proceso de consulta está a punto de concluir en las Regiones Autónomas y existe una comisión de la sociedad civil costeña que sigue muy de cerca  el proceso para posteriormente empujarlo hasta culminar con la aprobación e implementación de la Ley.

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X. CONCLUSIONES

Ante dos sistemas diferenciados de leyes para los pueblos indígenas del Pacífico, Norte y Centro, por un lado y para los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua, es necesario promover la uniformidad de la legislación sobre pueblos indígenas en todo Nicaragua.

Afortunadamente la reforma constitucional de 1995 crea algunos artículos, como el artículo 5, que no hacen diferencia entre los pueblos indígenas de Nicaragua, como lo hizo la Constitución en 1987 abriendo el espacio para legislar a favor de los pueblos indígenas del Pacífico, Norte y Centro del País de manera actualizada y de conformidad a los derechos reconocidos a estos pueblos por la comunidad internacional.

La  ratificación del  Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) podría ser en Nicaragua un importante instrumento para lograr reducir la brecha legislativa que actualmente existe. La ratificación del Convenio 169 significaría además de la uniformidad de gran parte de derechos y garantías para los pueblos indígenas de Nicaragua en general, también significaría la supervisión de la OIT en el avance en la implementación de los derechos contemplados en el mismo para todo el territorio nacional; así mismo  vendría a fortalecer el desarrollo y la implementación de los derechos de estos pueblos ya establecidos en el ordenamiento jurídico nacional.

Para lograr la ratificación del Convenio169 ante la Asamblea Nacional será necesario formar una comisión que podría presidir el Movimeinto Indígena de Nicaragua (MIN) y buscar la oportunidad de negociar con el Dr. Arnoldo Alemán, Presidente de la República, la reintroducción por parte del Poder Ejecutivo del Convenio 169 a la Asamblea Nacional como proyecto de ley  y posterior ratificación. Aprovechando que este y el próximo año son años de campañas políticas para elegir Alcaldes y Presidente de la República, y las etapas de campaña proselitistas siempre generan  algún espacio entre la clase política y los pueblos indígenas.

Para lo anterior la presente consultoría preparó un análisis de la compatibilidad del Convenio169 con la Constitución Política de Nicaragua y con otros instrumentos internacionales ya incorporados al ordenamiento jurídico nacional. Este documento se podría anexar a la Exposición de Motivos que deberá presentarse con el texto del Convenio 169 a la Asamblea Nacional.

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XI.  A N E X O S

TEXTOS DE NORMAS EN LA CONSTITUCION POLITICA DE NICARAGUA, DECLARACIONES Y CONVENIOS INTERNACIONALES Y LEYES VIGENTES EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO NACIONAL SOBRE LOS PUEBLOS INDIGENAS

1.- Textos de Normas Referentes a los Pueblos Indígenas en la Constitución Política de Nicaragua

Art. 5 .- El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución, y en especial los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales, así como mantener las formas comunales de sus tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas, todo de conformidad con la ley. Para las comunidades de la Costa Atlántica se establece el régimen de autonomía en la presente Constitución.

 Art. 7 Cn.- Nicaragua es una república democrática, participativa y representativa. Son órganos de gobierno: el Poder Legislativo, el poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Electoral.

 Art. 8 Cn.- El pueblo de Nicaragua es de naturaleza multietnica y parte integrante de la nación centroamericana (el énfasis es nuestro).

 Art. 11 Cn.- El español es el idioma oficial del Estado. Las lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua también tendrán uso oficial en los casos que establezca la ley (el énfasis es nuestro).

Art. 46 Cn.-  En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción, y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en a la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas; y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

 Art. 49 Cn. En Nicaragua tienen derecho a constituir organizaciones...[las Comunidades de la Costa Atlántica]...sin discriminación alguna, con el fin de lograr la realización de sus aspiraciones según sus propios intereses y participar en la construcción de una nueva sociedad...(el énfasis es nuestro).

 Art. 89 Cn. Las comunidades de la Costa Atlántica son parte indisoluble del pueblo nicaragüense y como tal gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones (el énfasis es nuestro).

 Las Comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de preservar y desarrollar su identidad cultural en la unidad nacional; dotarse de sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales conforme a sus tradiciones.

 El Estado reconoce las formas comunales de propiedad de las tierras de las comunidades de la Costa Atlántica. Igualmente reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales.

 Art. 90 Cn.- Las Comunidades de la Costa Atlántica tienen derecho a la libre expresión y preservación de sus lenguas, arte y cultura. El desarrollo de su cultura y de sus valores enriquece la cultura nacional.  El Estado creara El programas especiales para el ejercicio de estos derechos.

 Art. 91 Cn.- El Estado tiene la obligación de dictar leyes destinadas a promover acciones que aseguren que ninguna nicaragüense sea objeto de discriminación por razona de su lengua, cultura y origen (el énfasis es nuestro).

 Art. 99 Cn.- El Estado es el responsable de promover el desarrollo integral del país y como gestor del bien común deberá garantizar los intereses y las necesidades particulares, sociales, sectoriales y regionales de la nación. Es responsabilidad del Estado proteger,
Fomentar y promover las formas de propiedad y de gestión económica y empresarial, privada, estatal, cooperativa, asociativa, comunitaria y mixta, para garantizar la democracia económica y social...

 Art. 103 Cn.- El Estado garantiza la coexistencia democrática de las formas de propiedad pública, privada, cooperativa, asociativa y comunitaria; todas ellas forman parte de la economía mixta, están supeditadas a los intereses superiores de la nación y cumplen una función social.

 Art. 107 Cn.- ...La reforma agraria eliminará cualquier forma de explotación a los campesinos, a las comunidades indígenas del país y promoverá las formas de propiedad compatibles con los objetivos económicos y sociales de la nación establecidos en esta Constitución. El régimen de propiedad de las tierras de las comunidades indígenas se regulará de acuerdo a la ley de la materia.

 Art. 121 Cn.- Los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de la Costa Atlántica tienen derecho en su región a la educación intercultural en su lengua materna de acuerdo a la ley.

Art. 180 Cn. Las Comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de vivir y desarrollarse bajo las formas de organización social que corresponden a sus tradiciones históricas y culturales.
 

Así mismo garantiza la preservación de sus culturas y lenguas, religiones y costumbres.

 Art. 181.-El Estado organizará, por medio de una Ley el régimen de autonomía para los pueblos indígenas y las Comunidades étnicas de la Costa Atlántica, la que deberá contener entre otras normas: las atribuciones de su órganos de gobierno, su relación con el Poder Ejecutivo y Legislativo y con los municipios y el ejercicio de sus derechos. Dicha ley para su aprobación y reforma, requerirá de la mayoría establecida para la reforma a las leyes constitucionales.

 Los miembros de los Consejos Regionales Autónomos de la Costa Atlántica podrán perder su condición por las causas y los procedimientos que establezca la ley.
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2. Textos de Declaraciones y Convenios Internacionales Vigentes en Nicaragua para la Protección de los Pueblos Indígenas

El Pacto Internacional Sobre Derechos Civiles y Políticos, establece en su artículo 27:

Art. 27.-En los Estados en que existen minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.

Principio 22.- Los pueblos indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberán reconocer y prestar el apoyo debido a su identidad, cultura e intereses y velar por que participarán efectivamente en el logro del desarrollo sostenible.

Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas....

Los Estados firmantes de este Convenio reafirman su derecho soberano de conservar y aprovechar sus propios recurs