COMUNICADO DE PRENSA

PERIODISTAS EXPULSADOS DE AUDIENCIA

El 24 de enero del 2003 la Sra. Anabel Omier Jueza Civil del Distrito de Bluefields y Penal por Ministerio de la Ley dictó Auto de Segura y Formal Prisión en contra de Wilbert Ochoa Maradiaga, conocido como “El Punche” por el delito de asesinato en contra del Lic. Francisco García Valle.

García Valle fue asesinado en su casa de habitación en Bluefields el 8 de abril del 2002 por tres hombres desconocidos. Posteriormente se han identificado a Iván Argüello  Rivera, prófugo de la justicia y quien esta siendo juzgado en ausencia y ahora a Ochoa Maradiaga.

Sin embargo, las investigaciones y pruebas aportadas al proceso del asesinato del  Lic.García Valle indican que tanto Argüello Rivera como  “El Punche” fueron contratados para realizar el asesinato. Ya que ellos viajaron exclusivamente a Bluefields antes del asesinato y no conocían a García Valle ni a su esposa la Dra. Maria Luisa Acosta, Coordinadora del centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas de la ciudad de Bluefields.

El trabajo en defensa de las comunidades indígenas de la zona, a mantener sus tierras comunales y defenderlas en contra de la usurpación, afirma la Dra. Acosta, fue la causa del asesinato que iba dirigido a ella.

En septiembre del año pasado la Policía Nacional aportó evidencias de que Argüello Rivera  era empleado del griego Peter Tsokos, y que la pistola con la que mataron al Lic. GarcíaValle era de Peter Martínez, el abogado de Tsokos. Ambos envueltos en conflictos de tierras con las comunidades indígenas de la zona desde hace varios años.

El 23 de enero del 2003 se realizó en el Juzgado penal de Bluefields una audiencia para que el acusado Wilbert Ochoa Maragiada rindiera su declaración indagatoria. Sin embargo, su defensora, la Lic. Leddy Argentina Arroliga Romero, se presentó al Juzgado haciendo gala de prepotencia y en medio de gritos y aspavientos  expulsó a los periodistas que se habían hecho presente para presenciar la audiencia. La abogada Arroliga también le dijo a Ochoa Maragiada que él no iba a declarar. La Señora jueza, a pesar de las protestas del abogado acusador y de la Fiscalía,  ordenó la salida de los periodistas de la sala.

Las acciones de la abogada y de la Sra. Jueza fueron enormemente criticadas por los medios de comunicación local alegando que su derecho a informar y el de la ciudadanía de Bluefields a ser informados habían sido violados por ambas. Y es que la ciudadanía de Bluefields esperaba que el acusado Ochoa Maradiaga diera a conocer quienes los habían contratado para perpetrar el crimen.